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Evan Rosen
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El Veredicto Jurídico Reciente Pondra a Prueba los Limites de Negligencia Médica

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El 15 de Septiembre del 2003 el Sr. Sheldon Sussman de 64 años de edad, se rompio los ligamentos de su rodilla mientras movia una computadora. Al Sr. Sussman le hicieron una cirugía para reparar su rodilla el 24 de Septiembre, y una semana después el Sr. Sussman murio por un coágulo de sangre, que viajó desde su pierna hasta sus pulmones, que no le habian diagnósticado. Su muerte devastó a su esposa, Rhonda.

La Sra. Sussman, hablando sobre el Boca Raton Community Hospital, dijo que su esposo “habia muerto por sus culpas.” Y agregó, “es muy dificil para mí. Es como si hay un vacío, como si hay algo que me falta.”

El jurado compensó a la Sra. Sussman con $2.8 millones por la muerte de su esposo; pero por la nueva ley firmada por el ex-gobernador, Jeb Bush, en el 2003, lo máximo que ella podra recibir es $1.5 millones. Los limites implementados en esta ley del 2003 estipula que los pacientes de emergencia podran recibir hasta $150,000 y otros tipos de pacientes podran recibir hasta $500,000 por sus “sufrimientos y daños.” Pero cuando un paciente muere, el demandante puede recibir como máximo $1 millón del médico ó doctor y $1.5 millones de los proveedores médicos que no son doctores.

Todos los casos son diferentes, pero en este caso, el jurado, después de analizar todos los hechos, pensó que la Sra. Sussman se merecia $2.8 millones por su perdida. Esta ley que se implementó en el 2003 le quita el poder al jurado y le dice a los ciudadanos que ellos ni son lo suficiente inteligentes, capaces ó confiables para determinar los daños en casos de negligencia médica. Este no es el caso con los jurados, ya que estos son extremadamente escépticos y sabios cuando llega la hora de hacer decisiones. De hecho, un estudio reciente demostró que el 77% de los veredictos de todos los casos de negligencia médica resultan contra el demandante. Esta ley solo sirve para insular a las compañias de seguro de negligencia médica de los costos que tienen que pagar cuando se trata de un caso legítimo en donde se ha cometido un error trágico.